Periodistas de a Pie

¿Cuándo inicia el riesgo y quién o qué lo provoca?

Publicado: 13.06.2018

 

Por Jade Ramírez Cuevas V.

@jadercv

 

La estadística mensual que exhibe Periodistas de a Pie sobre las distintas violencias que se ejercen contra reporteros y trabajadores de los medios, además de alertarnos en que las agresiones no cesan, nos indica que el tono y la forma, se eleva, se vuelve más agresivo y corrosivo el fin de desarticular un informante o un medio de comunicación.

Pero ¿cuándo inicia el riesgo y quién lo provoca? Éste se trata de asunto dinámico si partimos de la premisa que México experimenta una crisis de violaciones a los derechos humanos derivada de la guerra frontal y de baja intensidad contra el narcotráfico; prácticamente hacer periodismo cada día, representa estar en riesgo, tocar el riesgo, rozar con las ideas y la exposición de verdades y hechos relativos al comportamiento de un gobernante, o el sólo presentar denuncias concretas, significa abrir la ventana del riesgo.

Junio inició con la denuncia del periódico Noroeste en Sinaloa, sobre los ataques y campaña de desprestigio lleno de misoginia para denostar el trabajo y la persona de Gabriela Soto, coordinadora de InnDaga, la unidad de investigación del periódico que a la par de la nota cotidiana, está generando periodismo de investigación, ese que implica cotejar informes, verificar datos, contrastar números, hacer cruces de apellidos e intereses, revelar muestras de contradicción, entre otros.

El repudio entre los colegas del propio medio de comunicación y otras latitudes no se hizo esperar.

Las agresiones no solo alcanzan a la coordinadora de la unidad de investigación, sino también, al resto del equipo que aunque no firmen por seguridad cada pieza periodística que produce InnDaga, son conscientes de que los intereses afectados por la publicación de reportajes en el serial “A Fondo, Candidatos al Senado”, donde se revela cómo apellidos como Cuén, Rocha Moya, Zamora o Clouthier están relacionados con enriquecimientos inexplicables, el mal manejo de recursos públicos o un pésimo desempeño legislativo, tienen capacidad de reacción y hasta pueden materializar agresiones físicas, más allá de solo una campaña de desprestigio por chats de reporteros.

Lo que no podemos perder de vista y, los analistas de riesgo que la estructura de protección en la dependencia llamada Mecanismo de Protección de la SEGOB deben tomar en cuenta con mucha seriedad, es que el nombre visible del equipo que está haciendo periodismo de investigación es Gabriela Soto, y ello fue fácil para los agresores ponerle rostro a su ira, pero el matiz de los mensajes que circularon en chats de reporteros en Sinaloa, desde un número de teléfono de Hermosillo, Sonora, representa una violencia invisible e incuantificable que deviene de la violencia de género naturalizada y exacerbada por una cultura machista.

¿Si en la coordinación de InnDaga del periódico Noroeste hubiese recaído en un reportero y no en la periodista, los mensajes puestos en whastapp habrían sido igual de virulentos? No.

La curva de oportunidad que ven quienes ordenan y emprenden campañas de desprestigio, persecución, ataque y agresión contra periodistas, la aprovechan muy bien cuando en el blanco se trata de una reportera. Emerge todo el sistema naturalizado de violencia de género y, por ello, debe preocuparnos e interpelarlos las formas de venganza de los poderosos afectados por la publicación de material periodístico.

Puede calificarse de inútil –o una pasarela de nombres- que un grupo de académicas y académicos, periodistas, comunicadores, productores artísticos, organizaciones sociales e integrantes de la comunidad cinematográfica junto a ciudadanos comprometidos con la libertad de expresión, firmen una misiva dirigida a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en solidaridad con Gabriela Soto, pero exigiendo localicen a los responsables del número telefónico desde donde se emitieron los mensajes, y quién le ordenó a quien escribió tales agresiones. Investigación pues.

Puede calificarse de inverosímil que la PGR, también, anuncie que se encuentra analizando –sin explicar cómo y bajo qué parámetros sobre todo ¿Quiénes? ¿Los MP?- más de 100 notas periodísticas de Javier Valdez Cárdenas, reportero también de Sinaloa, asesinado el 15 de mayo de 2017, para dilucidar la autoría intelectual del crimen.

Lo único que necesita México en materia de prevención, protección y acceso a la justicia en los ataques contra la libertad de expresión, es pro actividad, que efectivamente las instancias de gobierno respeten su facultad de atracción en las investigaciones y el mandato de resolver crímenes; así quedarán sentados los precedentes como alerta para todos esos apellidos que deambulan entre puestos de gobierno y delincuencia organizada y son evidenciados en periodismo de investigación, que no se tolerará y quedará sin justicia ningún acto que vulnere los derechos de los periodistas y los ciudadanos ejerciendo el acceso a la información.

Los apellidos y cargos señalados debieran lejos de sentirse ofendidos por darse a conocer sus comportamientos irregulares, asumir que más vale no le pase nada al periodismo y reporteros que ponen luz a través de los reportajes, porque en automático ellos se vuelven los posibles responsables de lo que ponga en riesgo la vida e integridad de cada autor, a partir de la publicación de revelaciones periodísticas.

La cooperación internacional de mucho ha servido para visibilizar lo que hemos enfrentado como gremio durante casi 15 años; pero también ha sido una oportunidad para aparentar que se hace a través de memorándum de entendimiento entre agencias de otros países y el gobierno mexicano. Ahora brincó este mecanismo de auscultación a la academia. USAID, la agencia de cooperación internacional de Estados Unidos firmó con el Tec de Monterrey, un acuerdo para “apoyar y fortalecer el ejercicio de la labor de defensores de derechos humanos y periodistas para que lleven a cabo su trabajo de una manera más profesional y segura”, según se anunció en medios de comunicación.

¿Dónde quedaron los resultados del convenio de cooperación entre USAID y la Secretaría de Gobernación en función de lo mismo que firman con el Tec de Monterrey? ¿De verdad los defensores de derechos humanos y periodistas necesitamos una manera más profesional y segura para ejercer nuestra labor…o un contexto y escenario menos impune y corrupto?

Hay que darle la vuelta la historia. No tenemos que perfeccionar más de lo que ya le hemos dedicado tiempo a la profesionalización del cómo hacemos periodismo –lo que no significa desatender las buenas prácticas y la ética-, no somos las víctimas de los ataques los responsables de contar hechos y verdades de relevancia nacional; son ellos, los destapados, quienes deben asumir el costo total de querer hacer política irregular, narco amarres, aprovechamiento personal de lo que no es suyo.

 

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